El Gobierno no permite que el fiscal José María Campagnoli asista al Congreso para detallar su investigación sobre la fuga de divisas que salpica al empresario a Lázaro Báez, amigo de Cristina Kirchner.

La invitación intentó cursarla el diputado radical Ricardo Buryaile a través de la bicameral que investiga las operaciones financieras destinadas al lavado y la evasión, justamente lo que estudió Campagnoli en su causa, conocida como “la ruta del dinero K”. Hasta ahora, el presidente de la Comisión, Roberto Feletti, la guardó en un cajón. 

La solicitud del legislador formoseño tiene un fundamento claro: a partir de la investigación de Campagnoli, la justicia de Nevada investiga la supuesta creación de 123 empresas creadas en Las Vegas por Austral Construcciones, la empresa de Báez.

Y entre los objetivos de la bicameral está el de detectar “comportamientos sistémicos” destinados a fugar fondos al exterior.

La investigación de Las Vegas fue utilizada por los fondos buitres para reclamar parte de la deuda que adquirieron a los acreedores de Argentina, basándose en que la presidenta tiene relación con ese dinero.

La bicameral tuvo el objetivo inicial de investigar el destino de las 4040 cuentas de argentinos en el HSBC de Ginebra, halladas y aportadas al Gobierno de Francia por el ex empleado del Banco Hervé Falciani.

Echegaray aprovechó un acuerdo de reciprocidad con Francia para acceder a los argentinos incluidos en esa base de datos, pero el material que llegó a la bicameral despertó sospechas.

El senador radical Mario Cimadevilla reclamó varias veces la comunicación oficial de Francia para chequear si Echegaray no excluyó a figuras cercanas al Gobierno. Nunca se la dieron.

En la bicameral, Echegaray se negó de hablar de la causa de Nevada con el argumento de que Argentina no tiene un convenio de reciprocidad con Estados Unidos. Si el kirchnerismo repite esa excusa para frenar la visita de Campagnoli, Buryaile reclamará al menos acceder al expediente del fiscal y estudiarlo en la comisión, antes de emitir un dictamen.  

Con el caso HSBC agotado, tras intervenciones de sus autoridades, auditores y titulares de cuentas y el reciente desplazamiento de sus directivos, la bicameral recibió a ejecutivos de los bancos Santander Río y BBVA Banco Francés con el objetivo de comprobar "comportamientos sistémicos" utilizados para lavar y fugar divisas. 

La mayoría trastabilló ante minuciosos cuestionarios de Feletti y Carlos Heller sobre los servicios de “Banca Privada” que ofrecían sus entidades.

En la jerga financiera se denomina así al asesoramiento que otorgan los Bancos para sacar plata del país sin dejar rastros.

Lo describió en una de las primeras reuniones Hernán Arbizu, ex directivo del JP Morgan, condenado por la justicia de Estados Unidos por quedarse casi 3 millones de dólares y protegido en Argentina en condición de "arrepentido". 

La investigación de Campagnoli describe una operación similar a la detallada por Arbizu, sólo que en vez e intervenir un Banco participaba la financiera “SGI Argentina Sociedad Anónima”, propiedad de Federico Elaskar. Y uno de los principales beneficiarios sería Lázaro Báez. 

Elaskar es el joven recordado justamente por confesar hace dos años haber armado una arquitectura financiera para Báez en el programa “Periodismo Para Todos”, de Jorge Lanata. Tres días después dijo que había mentido y en estos días involucró al dueño de Austral Construcciones en supuestas amenazas de muerte, en una entrevista al diario Perfil.  

El Gobierno reaccionó con violencia cuando Campagnoli avanzó: lo suspendió y luego impulsó un jury de enjuiciamiento que finalmente fue archivado. Ahora no lo quiere dejar ir a hablar al Congreso.